Más de un millón de australianos ya ha bajado la aplicación de telefonía celular COVIDSafe que lanzó el domingo el gobierno federal con el fin de mejorar el rastreo de los casos del nuevo coronavirus y comenzar a recobrar la cotidianidad perdida por las medidas restrictivas aplicadas por la pandemia.
Sin embargo, el lanzamiento de esta aplicación basada en el programa informático Tracetogether de Singapur que registra las conexiones que se producen entre los teléfonos inteligentes a través de Bluetooth, ha causado una fuerte preocupación respecto a la recogida y almacenamiento de los datos personales de los usuarios.
A pesar de que el gobierno australiano ha asegurado que sus autoridades no accederán a estos datos, existen antecedentes mundiales como los sentados por Cambridge Analytica sobre la invasión de la privacidad de los ciudadanos o los diversos problemas tecnológicos por los que ha pasado Australia como los que afectaron el último censo nacional o los ataques informáticos desde el exterior.
Puntos destacados
- COVIDSafe pretende rastrear las infecciones a través del registro de los contactos con otras personas.
- Existen fuertes preocupaciones en torno a la protección de datos y la privacidad.
- El gobierno asegura que no accederá a los datos y que serán usados solo para combatir la pandemia
El ministro australiano de Salud, Greg Hunt, dijo el domingo al lanzar la aplicación que “nadie tiene acceso a los datos, ni siquiera tú mismo, ni los funcionarios de la Commonwealth (Estado australiano)".
Asimismo recalcó que “se trata de rastrear los casos que no hayan sido diagnosticados en la comunidad, para ayudar a las personas a obtener un tratamiento y un diagnóstico temprano y asegurarse de que nuestros doctores, enfermeras, trabajadores sanitarios, familias y amigos estén protegidos”.
Detalles de la “App” COVIDSafe
La aplicación, como la ampliación del régimen de pruebas para detectar el coronavirus, son las piedras angulares de la estrategia del gobierno para relajar aún más las restricciones impuestas para evitar la propagación de la enfermedad.
COVIDSafe pretende identificar a las personas que han podido contactar a alguien que ha sido contagiado con el nuevo coronavirus con fines médicos.
Los datos que quedan registrados son el número de teléfono, el nombre para que los funcionarios de salud puedan contactar a la persona si es contagiada, aunque se puede usar un pseudónimo, el rango de la edad y el código postal, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud que además ha publicado una declaración de privacidad.
La App, cuando está abierta, registrará el contacto con otra persona si uno se acerca a más de 1.5 metros a ella y por más de 15 minutos y no registrará la geolocalización.
Los datos de la aplicación registrará la identificación encriptada del usuario, la fecha y el tiempo de contacto con el usuario, y la intensidad de la señal de Bluetooth que emana el teléfono de otro usuario de COVIDSafe.
La App es voluntaria
Si bien el gobierno ha indicado que su uso es voluntario espera que el 40 por ciento de la población baje la aplicación de App Store o Google Play.
Los gobiernos de los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria indicaron que no harán del uso de la aplicación una condición para la relajación de las restricciones, y no exigirán que un determinado porcentaje de la población utilice la aplicación antes de que se alivien las restricciones.
Tampoco los pobladores no serán multados por negarse a usar la aplicación o a subir sus datos si el resultado de las pruebas de COVID-19 da positivo ni se les negará el tratamiento por no usar la aplicación.
El gobierno asegura que la privacidad está protegida
La aplicación gubernamental afronta dos problemas principales: que el gobierno gane la confianza de los pobladores del país, en momentos en que las autoridades tienen más poder para acceder a los metadatos de los usuarios como parte del refuerzo de sus medidas de seguridad, y de que funcione correctamente después del antecedente de los problemas tecnológicos durante el último censo.
El gobierno asegura que la información recolectada por COVIDSafe está protegida por la Ley de Privacidad de 1988 y la Determinación de Bioseguridad de 2020 y pretende además legislar sobre el uso de la aplicación en mayo próximo cuando se reanuden las sesiones legislativas.
Los datos almacenados en el aparato celular serán borrados después de 21 día y todos los datos recolectados serán destruidos una vez que pase la pandemia.
Así como el usuario puede bajar voluntariamente la aplicación también la puede borrar en cualquier momento, mientras que un uso indebido de la “app” se castigará hasta con 5 años de cárcel y $ 63,000 dólares de multa.
El experto en Cloud Computing, Alberto Roura, dijo a SBS Spanish que los únicos datos que se compartirán con el departamento de salud cuando una persona abra la aplicación incluyen el número de teléfono del usuario y un identificador aleatorio que se relaciona con el teléfono.
“El teléfono mantiene una base de datos local y no sale del teléfono entonces el día que lo desinstales, borras la aplicación, y con la aplicación borrada se va la base de datos que estaba en tu teléfono”.
Pero algunos expertos digitales reclaman que el Gobierno revele parcialmente el código de fuente, que está relacionada a la programación del programa informático, para su análisis independiente.
Las preocupaciones y las críticas en torno a la seguridad
La semana pasada, la cadena local ABC informó que el gobierno había contratado a Amazon, con sede en Estados Unidos, para el almacenamiento de los datos, pero el ministro Hunt afirmó que éstos serán almacenados en Australia y estarán disponibles sólo para las autoridades sanitarias de los estados y territorios.
Los datos no serán proporcionados a la Policía, que no podrá acceder a ellos aunque alguno de los usuarios viole las medidas de distanciamiento social.
Pero el portal británico de informática alertó que los datos de la aplicación del gobierno si bien son almacenados en Australia por Amazon, esta empresa estadounidense está regida por la Ley Patriótica de Estados Unidos y puede ser obligada a entregar estos datos a sus autoridades.
Amnistía Internacional pidió al gobierno que de más garantías y salvaguardas a la seguridad y protección de datos personales.
"El gobierno nos ha asegurado que los datos recogidos no serán compartidos con ninguna otra agencia que no sean las autoridades de salud, y deben ser protegidos por una cláusula de extinción de que los datos serán destruidos cuando la amenaza de contagio disminuya", dijo el activista Tim O'Connor.
Por su lado, la portavoz de Asuntos Internos del Partido Laborista, Kristina Kenneally, dijo el domingo a la ABC que la aplicación podría ser una "gran herramienta para proteger la salud pública de Australia", al remarcar la necesidad de abordar los asuntos en torno a la seguridad.
"Los australianos sólo descargarán la aplicación si tienen la confianza de que su privacidad será protegida. Y por eso, estamos instando al gobierno a asegurar que esas protecciones de privacidad se incorporen a la aplicación”, indicó la senadora laborista.
Keneally agregó que “la aplicación [debe] tener una legislación referida a ella que signifique que los datos no puedan ser usados para ningún otro propósito excepto el rastreo de contactos, y que cuando esta crisis termine, las autoridades se aseguren de que los datos sean eliminados."
El derecho a la libertad en tiempos de vigilancia
Los gobiernos de todo el mundo afrontan el problema de intentar reanudar las actividades suspendidas antes de la pandemia y para ello se plantean rastrear por medios tecnológicos a la población para evitar una nueva propagación masiva del coronavirus.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, le ha pedido a sus ciudadanos que registren en un diario sus contactos, pero gobiernos como Singapur, China, Corea del Sur o Australia se apoyan en métodos tecnológicos.
Los modelos ge gestión de la pandemia también han llevado a la Comisión Europea a solicitar a los principales operadores de telecomunicaciones datos de sus clientes para hacer un seguimiento del coronavirus, mientras que España implementó el programa DataCovid-19 para rastrear los desplazamientos de la población y evaluar así las capacidades sanitarias en cada provincia.
El antropólogo español Juan María González-Anleo, que dicta el curso de Ecosistema digital, dijo a SBS Spanish que los controles durante la pandemia son parte de “una experiencia que nos puede llevar a un control brutal de la gente".
“Esto puede ser el inicio de un totalitarismo tecnológico bastante desagradable", agregó.
Australia tiene una serie de experiencias controvertidas sobre el uso de los datos de los usuarios, entre ellas la ley de retención de datos de 2015 que obligaba a los servidores de internet a almacenar la información personal de sus clientes y permitía ella acceso a ella de las fuerzas del orden e inteligencia sin necesidad de una orden judicial.
También el gobierno aprobó una ley en 2018 para acceder a datos encriptados como parte de su lucha contra el terrorismo, mientras que una serie de vulnerabilidades de los sistemas informáticos han permitido que los ataques ciberpiratas vendan datos de Medicare en la internet profunda o que se publiquen por error la información personal de solicitantes de asilo, recuerda el diario The Guardian Australia.
Asimismo la Policía Federal Australiana realizó un registro ilegal en junio de 2019 en la casa de una periodista de News Corp en busca de las fuentes consultadas por filtrar información del gobierno que apuntaba al deseo de las autoridades de aumentar los poderes de las agencias de inteligencia y espionaje.
Mientras que el escándalo de Cambridge Analytica por la filtración y uso indebido de información personal recogida a través de una aplicación por Facebook ha golpeado a millones usuarios en Australia y el mundo.
