Miembros de las fuerzas especiales de élite de Australia han sido acusados de cometer crímenes de guerra en Afganistán en situaciones de débil liderazgo y faltas de responsabilidad, según ha descubierto una investigación confidencial de defensa.
Fuentes conectadas a las fuerzas especiales dijeron a la investigación que algunos soldados aplicaron "violencia no autorizada e ilegal en las operaciones", según Fairfax Media, que ha visto el informe. También alega que algunos soldados mostraron "desprecio por la vida y la dignidad humanas".
El parlamentario liberal Andrew Hastie, ex soldado de las fuerzas especiales SASR que ahora preside el comité de inteligencia del parlamento, dijo que confiaba en la credibilidad de los periodistas que obtuvieron el informe.
"No quiero entrar en acusaciones específicas, pero deben tomarse en serio", dijo Hastie a la cadena ABC el viernes por la mañana.
Según informes, la ministra de Defensa, Marise Payne, recibió información sobre el contenido del informe.
El responsable de defensa de los laboristas, Richard Marles, dijo que buscaría una sesión informativa en la oficina de la Sra. Payne.
"Obviamente, estos son informes profundamente preocupantes", escribió el Sr. Marles en un comunicado de prensa.
"También buscaremos, sujeto a consideraciones de seguridad nacional, que la mayor parte posible de este informe llegue al dominio público. La información en un informe tan importante como este no debería salir a la luz a través de filtraciones a los periódicos".
Las fuerzas especiales de Australia han liderado la presencia militar en Afganistán y están formadas por dos unidades clave: el Regimiento especial de Servicios Aéreos y el Commondos.
Según informes, la investigación descubrió que había una coordinación deficiente entre las dos unidades, entre otros problemas culturales.
"Algunos de estos están relacionados con fallas en políticas, procesos y gobernabilidad, como la pérdida de armas, prácticas inaceptables de WHS [Seguridad y salud en el lugar de trabajo], resultados de auditoría deficientes, prácticas imprudentes en la gestión de recursos, prácticas de adquisición menos transparentes o en cumplimiento", dice el informe, según Fairfax Media.
"Aún más preocupantes eran las alusiones al comportamiento y las prácticas que involucraban el abuso de drogas y alcohol, la violencia doméstica, la aplicación no autorizada e ilegal de violencia en las operaciones... y en ocasiones la percepción de una completa falta de responsabilidad".
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