Los cambios implementados por el gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW, siglas en inglés) a las regulaciones referidas a los alquileres de viviendas y locales comerciales obligan a los arrendadores y a los arrendatarios a negociar estos pagos cuando el propietario ha perdido más del 25 por ciento de sus ingresos por la crisis del coronavirus.
El gobierno de NSW ha inyectado $ 440 millones de dólares para el plan de ayuda a los alquileres a través de la eliminación o de incentivos en los impuestos a la propiedad inmobiliaria para dar una mayor protección a los arrendatarios de viviendas de alquiler y de locales comerciales en esta jurisdicción.
El paquete del gobierno incluye una moratoria en las solicitudes para realizar un desalojo forzado por los alquileres impagos en los hogares que han sufrido un duro golpe financiero por la pandemia.
Los arrendatarios además no podrán ser desalojados hasta que el Tribunal Nacional de Administración Civil crea que las negociaciones han concluido y se haya acumulado una gran cantidad de alquiler impago en ese momento.
“Sabemos que muchas personas están preocupadas por no poder cumplir con sus obligaciones financieras en este momento”, expresó el ministro de Mejores Regulaciones de NSW, Kevin Anderson, en un comunicado publicado el lunes.
“Por ello necesitamos dar estabilidad tanto a los arrendadores como los arrendatarios mientras el pago de ayuda a las rentas de la Commonwealth (Estado australiano) comiencen a fluir y los propietarios puedan dialogar con los bancos respecto a las ayudas a sus hipotecas”, agregó.
La inyección de $440 millones permitirá que los propietarios que sean elegibles para el descuento de un 25 por ciento de su impuesto al terreno si es que traduce este dinero que se ahorra en rebajas a los arrendatarios que estén en estrés financiero.
Asimismo los propietarios que se acogen a esta concesión tributaria tendrán derecho a aplazar los pagos al impuesto a la propiedad por un período de tres meses.
El tesorero de NSW, Dominic Perrottet, dijo que es importante que los arrendatarios elegibles no entren en una lista negra por sus alquileres impagos.
Las medidas relacionadas con los alquileres comerciales se aplicarán a los negocios que tengan volúmenes de venta de menos de $50 millones de dólares y sufren una caída en sus ingresos de al menos 30 por ciento a raíz del impacto de la pandemia.
Los propietarios de locales comerciales tendrán que negociar las ayudas con suys arrendatarios mediante la aplicación de los principios de un código de conducta que fue anunciado previamente por el primer ministro, Scott Morrison.
El gobierno estatal informó que presentará a la brevedad posible leyes temporales para que entre en vigor este código que indica que el propietario no puede anular un contrato por alquileres impagos y tiene la obligación de brindar una ayuda a su arrendatario proporcional a la pérdida en sus ingresos.
Perrottet recalcó que tanto el arrendador como el arrendatario deben entender que las medidas referidas a los negocios se aplican a aquellas que han sido afectadas por la pandemia.
“Si su circunstancia no ha cambiado significativamente entonces debe cumplir con sus obligaciones contractuales existentes”, precisó.
