La Policía Federal Australiana (AFP, siglas en inglés) realizó un registro policial en la vivienda del exconsejero de Defensa Cameron Gill en Camberra. Este hecho, cuyos detalles se mantienen en secreto, al parecer estremeció otros cimientos: los de la confianza en la democracia tras los recientes registros a periodistas en junio pasado.
De la residencia de Gill, los agentes sacaron varias bolsas con evidencias. La AFP no quiso dar detalles sobre el operativo, solo se limitó a decir en un comunicado que el allanamiento no tenía relación “a ninguna amenaza actual o latente a la comunidad australiana”.
El senador Rex Patrick de la Alianza de Centro dijo el jueves a la ABC que el gobierno y la APF deben dar explicaciones porque
“Hay un gran interés público en los registros a los medios. La Policía ha estado preparada para decir que esta operación no está relacionada a ninguna amenaza inminente, así que han descartado varias cosas, así que están en la posición de descartar o no si tienen relación a los registros a los medios”.
“También debemos recordar que actualmente hay dos investigaciones parlamentarias sobre la libertad de prensa y sería adecuado que la Policía lo descarte o que le diga al público que hay una relación”, comentó Patrick, quien enfatizó que el gobierno no tuvo conocimiento hasta el último minuto de los registros a la prensa y la Policía actúa independientemente.
Pero el ministro australiano del Interior, Peter Dutton, se rehusó a comentar el caso, según dijo a periodistas en Brisbane.
"No tengo comentarios en particular", expresó Dutton, al decir que los agentes de la Policía "solo realizan su trabajo"
¿Quién es el Cameron Gill?
Cameron Gill es esposo de la embajadora de Australia en Irak, Joanne Loundes, y ha trabajado como consejero en varios ministerios en los últimos años. También fue consejero de Defensa del otrora ministro de Material de Defensa Mal Brough, según unos documentos que registran su participación en una reunión en 2015 con el entonces embajador estadounidense John Berry.
Gill también trabajó para la agencia de espionaje cibernético el Directorio Australiano de Señales (ASD, siglas en inglés).
Kamy Saeedi, abogado de Gill, declaró que la Policía llegó a la vivienda sin anunciarse y acotó que “la situación es muy compleja en este momento...es muy sensible y no puedo comentar más”, de acuerdo al diario The Australian.
Executive Editor of ABC News John Lyons is followed by an Australian Federal Police officer as they leave the office after the raid. Source: Source: AAP / SBS 06 Jun 2019
¿Por qué preocupa este nuevo registro policial?
El allanamiento a la vivienda de Cameron Gill se da después de una serie de registros polémicos realizados en junio pasado a la vivienda de la editora política del grupo News Corp. Annika Smethurst, que publicó un artículo en 2018 sobre una supuesta propuesta para dar más poderes a una agencia de espionaje cibernético.
Al día siguiente la Policía realizó el allanamiento de las oficinas de la cadena ABC en Sídney a raíz de la filtración de documentos clasificados vinculados a presuntos excesos de militares desplegados en Afganistán.
Si bien se desconoce si los registros del miércoles a la casa de Gill tienen conexión con la denuncia de Smethurst, que puso en evidencia a muchos altos funcionarios de la Defensa, el Interior y las agencias de espionaje, se especula en torno a una potencial relación entre ellos.
Esta sospecha se basa en la declaración del secretario del Ministerio del Interior, Mike Pezzulo, quien dijo a un comité del Senado que la Policía tenía un sospechoso y lo estaba cercando. Asimismo, el subcomisionado de la AFP, Neil Gaughan, expresó a este comité que preocupaba que esta persona sospechosa que aparentemente filtraba documentos era parte de la “burocracia”.
Al mes siguiente y en medio de las protestas de diversos sectores por lo que se considera un atentado contra la libertad de prensa, la Policía admitió que en el año fiscal 2017 - 2018 accedió 58 veces a los metadatos de periodistas.
Home Affairs Department Secretary Mike Pezzullo holds up a copy of intelligence and security committee at Parliament House Source: Getty Images
Preocupaciones en torno a la libertad de prensa
Elena Block, periodista, académica y catedrática de la facultad de comunicación de la Universidad de Queensland, comentó a SBS Spanish, que la vigilancia a los periodistas “en un asunto que se tiene que ver con preocupación” porque “.
Una encuesta anual del sindicato de la prensa, el MEAA, reveló que las leyes de seguridad nacional y retención de datos, así como las leyes contra la difamación y las órdenes judiciales para prevenir la publicación mediática están haciendo más difícil que los periodistas realicen su trabajo.
Un 63 por ciento de los periodistas cree que la salud de la libertad de prensa es “pobre” o “muy pobre” y otro 85 por ciento cree que la libertad de prensa ha empeorado en la última década.
Las leyes aprobadas por el Parlamento enmarcadas en la defensa de la seguridad nacional permiten al gobierno “intimidad a los medios, cazar a los informantes y secuestrar la información”, dijo el director ejecutivo del MEAA; Paul Murphy, en agosto ante un comité del Senado.
Attitudes about press freedom Source: MEAA
Más allá de la libertad de prensa
Tras los registros a la prensa en junio pasado, el presidente del Consejo Australiano Legal, Arthur Moses, instó el miércoles a la prensa a smás allá de aquellos que limitan o reprimen la libertad de prensa.
“Imponer leyes en nombre de la seguridad nacional sin someterlas a una prueba puede resultar en un exceso y la erosión de las libertades básicas...No sean australianos silenciosos. Eso no es su trabajo”, recalcó Moses al insistir que “la divulgación por parte de los medios de la información clasificada solo debe ser penalizada si se prueba que supone un daño real a la seguridad nacional” y no porque pone en evidencia o avergüence al gobierno.
Uno de esos casos fue el espionaje que hizo Australia en 2004 a las oficinas del gabinete del Ejecutivo timorense en Dili para obtener información sobre las negociaciones bilaterales sobre los ricos yacimientos de gas y petróleo Great Sunrise para obtener ventaja. El espionaje motivó a los timorenses a rechazar el Tratado del Mar de Timor, acudir a la Corte Internacional.
Tras años de tensiones, Timor Oriental y Australia suscribieron y ratificaron este año un tratado de delimitación marítima, en donde se encuentra el yacimiento. Sin embargo el gobierno australiano aún está determinado a juzgar a los responsables de que se conociera este acto de espionaje. Ellos son el “Testigo K” y su abogado Bernard Collaery.
Para el expresidente timorense José Ramos Horta este caso debe ser desestimado porque ya se resolvió el contencioso marítimo.
