Sinopsis:
El informe titulado “Me estalló el ojo”, se basa en una investigación realizada en más de 30 países durante más de cinco años, y documenta cómo miles de manifestantes y transeúntes han sufrido mutilaciones y cómo decenas han muerto debido al uso de balas de goma, balines recubiertos de goma y granadas de gas lacrimógeno apuntados y disparados directamente a manifestantes.
En los últimos cinco años, en América Latina hubo por lo menos 20 protestas ciudadanas de gran envergadura. Algunas duraron varios meses como en Venezuela en 2017, en Chile a fines de 2019 o en Colombia ese mismo año y de nuevo en 2021. Otras fueron explosiones de unos días como en Bolivia en noviembre de 2019, tras las denuncias de fraude electoral y la forzada salida del poder de Evo Morales. También se dieron en Ecuador en octubre del mismo año y en Guatemala a fines de 2021.
Una evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, confirma que las acciones policiales durante las protestas de 2019 dieron lugar a más de 440 lesiones oculares, con más de 30 casos de pérdida de ojo o ruptura ocular porque los carabineros dispararon al rostro y no al aire o al piso como es el protocolo.
Sobre Perú, el informe de Amnistía Internacional consigna que, desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre de 2022, el ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas.
Según Amnistía Internacional, existe un alto grado de discriminación contra la población indígena y campesina, mientras la presidenta peruana Dina Boluarte, dio indicaciones a la policía de no usar armas letales, ni siquiera perdigones de goma.
Por otro lado, una investigación periodística realizada por once medios de la región junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística documenta que, en los últimos cinco años, armas no letales disparadas por las fuerzas de seguridad en ocho países causaron la muerte por los menos a 33 personas y ocasionaron heridas de gravedad y secuelas de por vida a otras 170 personas. Del total de víctimas, 187 cayeron en medio de protestas ciudadanas y movilizaciones callejeras.
La experticia señala que las fuerzas policiales del continente americano compran armas menos letales sin saber qué adquieren o cómo se usan, violando leyes y reglamentos.
La investigación periodística consigna que mientras escasea el dinero para responder a las víctimas y procesar a los culpables, el dinero público sí alcanza para comprar armas de la represión. La experticia comprueba que ocho países latinoamericanos gastaron en los últimos cinco años por lo menos 112 millones de dólares en compras públicas de equipos antimotines y armas no letales.
