Más de 25,000 mil manifestantes se reunieron desde tempranas horas del 18 de octubre en la neurálgica plaza Italia de Santiago, ahora conocida como Plaza de la Dignidad, para conmemorar un año desde el inicio del estallido social en Chile. Si bien la mayor parte de la jornada concurrió sin mayores incidentes, al caer la tarde se registraron desordenes y actos vandálicos por parte de grupos aislados.
Carabineros de Chile informó que dos iglesias fueron quemadas en Santiago. Se produjeron múltiples saqueos al comercio y levantamiento de barricadas. También hubo manifestaciones e incidentes en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción.
Esto, un año después de que el país catalogado como un “oasis en una Latinoamérica convulsionada” por su presidente, el derechista Sebastián Piñera, comenzó literalmente a incendiarse. El alza de $30 pesos ($5 centavos de dólar australiano aproximadamente) en el transporte público de Santiago, desató inicialmente las protestas pacíficas de los escolares santiaguinos, quienes se negaron a pagar sus pasajes.
Puntos destacados:
- El 18 de octubre de 2019 comenzó en Chile una movilización popular en Chile originada inicialmente por el alza del precio del transporte público en Santiago.
- 34 personas han muerto y más de 3,700 han resultado heridas en el marco de lo que se conoce como el estallido social.
- El 25 de octubre de 2020 los chilenos votarán en un plebiscito para determinar si se redacta una nueva Constitución o permanece en vigencia la que fuera redactada en el gobierno dictatorial de Pinochet en 1980.
El 18 de octubre de 2019, sin embargo, esa protesta derivó en una manifestación masiva que incluyó serios incidentes de violencia, entre los cuales se contaron saqueos, vandalismo, disturbios, destrucción de infraestructura crítica e incendios a las estaciones de la red de transportes subterránea de Santiago.
Chile Despertó: Rompiendo un silencio de 30 años
“No son 30 pesos, sino 30 años” vociferaban los manifestantes para protestar, no solo por el alza del transporte, sino principalmente por 30 años de lo que ellos consideran como el hartazgo ante ilusiones rotas y “promesas no cumplidas” por parte de los gobiernos democráticos, tanto de izquierda como de derecha. Estos han regido los destinos del país sudamericano desde el retorno a la democracia, luego de la larga dictadura de Augusto Pinochet.
Aquel fin de semana de octubre de 2019 representó un duro despertar para un país que, según sus políticos y líderes empresariales, se alistaba para prontamente formar parte del grupo de naciones prósperas y desarrolladas del mundo.
Las protestas más masivas desde el retorno a la democracia y los violentos incidentes, los que comenzaron en la capital pero que se expandieron rápidamente hasta llegar a las principales ciudades chilenas, mostraron una cara desconocida del país, la de un descontento y malestar que logró poner en entredicho el rol y los planes del gobierno junto al de otras instituciones ligadas al poder y a las élites económicas.
El que fuera el país considerado hasta ese momento como un ejemplo de neoliberalismo exitoso en Latinoamérica, evidenció imprevistamente que una parte importante de sus habitantes no estaban dispuestos a tolerar lo que consideran discriminación social, injusticias, ausencia de oportunidades para las clases medias y bajas, corrupción, prebendas en las altas esferas de poder y entre los grupos económicos, falta de equidad en el reparto de la riqueza y las continuas dificultades para sobrevivir en un país con un alto costo de vida, pero que no obstante cuenta con un salario mínimo que apenas se empina por sobre los $570 dólares australianos mensuales.
Aniversario del inicio de las protestas en Chile Alberto Valdes Credit: EPA Source: EFE Source: AAP
El país sudamericano se apresta para concurrir a las urnas el próximo 25 de octubre para votar por una nueva Constitución o la permanencia de la que fuera redactada originalmente en 1980, bajo el régimen militar de Pinochet. Este referéndum surgió gracias a un acuerdo transversal entre los partidos políticos con la intención de apaciguar las movilizaciones sociales y la violencia surgida en este contexto.
Para la chilena Carla Villavicencio, ingeniera en transportes y cantante de ópera residente en Brisbane, las causas del malestar son muchas y tienen larga data.
“Yo creo que tiene que ver con hechos históricos, desde que Chile es Chile. Siempre ha habido abusos y ahora último hay demasiada corrupción. Manos extranjeras metidas en el medio y recursos naturales que ya no son de Chile. Yo creo que es un agotamiento de energía”.
La “dictadura militar y su legado” están al origen del descontento social según la ingeniera chilena, pero también la pérdida de autoridad y de credibilidad tanto de las instituciones como de sus representantes. Una tesis ampliamente difundida.
“Ya no se cree en nada, ya no se cree en ninguna institución. Se está perdiendo la fe y la credibilidad, por ejemplo, con los últimos hechos sucedidos en Carabineros. La salud no es salud y la justicia no es justicia”, dice Carla Villavicencio a SBS Spanish.
La otra cara
Sin embargo, no todos los chilenos creen que las movilizaciones masivas sean únicamente producto del descontento de la ciudadanía con el rumbo que ha tomado la nación en el último tiempo.
Algunos piensan que ha existido también una constante instigación e intervención de parte de gobiernos y organismos extranjeros ligados a partidos de izquierda que intentan desestabilizar al país.
El empresario chileno Eduardo González es uno de ellos. Él considera que el estallido social es “parte de una conspiración internacional del comunismo”.
Si bien González reconoce que auténticamente existe un descontento de parte de la población chilena, cree que la intervención extranjera de los partidos izquierdistas ha sido fundamental para incrementar y extender el nivel de la movilización junto a los actos violentos que la han acompañado.
Institutional Church of Carabineros de Chile set on fire during the demonstration. Source: AAP
“Aquí se acopló la gente de izquierda para hacer todos los desmanes y derrocar al gobierno”, sostiene.
“El estallido social para mí fue un estallido delictual”, explica el empresario chileno, al tiempo que añade que en Chile “hordas de salvajes” han quemado desde estaciones del Metro hasta iglesias.
“Han destruido el país y lo siguen haciendo”.
González también cree que el presidente Piñera “no ha tenido los pantalones” para enfrentar la violencia y defender la Constitución.
¿Quiénes son los líderes?
Una de las características de este estallido social es la falta de líderes claros en las movilizaciones.
Los partidos políticos no han logrado aunar las voluntades de las personas movilizadas tras su liderazgo más tradicional, pues sus dirigentes son también señalados como responsables de la decadencia social que los manifestantes desean cambiar o erradicar.
“El estallido no encuentra una dirección política, y por tanto no puede hablarse en propiedad de un proceso. En cuanto este necesita para ser tal, no una cuestión puramente negativa e impugnadora. Se necesita, para que haya un proceso, un contenido y unos actores que lleven a cabo este contenido”, dice Pablo Monje, filósofo e investigador chileno.
Para Monje, otro de los puntos fundamentales es que esta movilización se está llevando a cabo “con una total pérdida de legitimidad de las instituciones políticas”.
“Entonces la pregunta es: ¿qué puede legitimar a un plebiscito que fue constituido por una clase política que está absolutamente deslegitimizada y desprestigiada? Y la respuesta parece ser que, en realidad, nada”, reflexiona Monje.
El estallido social parece haber logrado aglutinar a diferentes grupos de personas pertenecientes a distintas clases sociales que anteriormente no tenían mayores vinculaciones, salvo el descontento con las políticas gubernamentales y sus líderes.
Así lo piensa Marcela Cornejo, una exiliada chilena que llegó a Australia huyendo de la dictadura pinochetista. Para ella, todo lo que ha sucedido en Chile este año ha sido doloroso, pero a la vez esperanzador.
“Doloroso, porque Chile lleva más de 30 años peleando por las reivindicaciones, por dignidad, por los derechos humanos, por la salud, por la educación, por los Mapuche y sus tierras. Esperanzador, porque a pesar de que nunca se ha dejado de luchar por los derechos, el 18 de octubre juntó a toda esa gente que ha luchado, sin discriminación: los jóvenes, la gente adulta, la tercera edad, los estudiantes. Juntó a toda esta gente y por fin se hizo algo en conjunto, en unión, del pueblo”, dice Cornejo.
La movilización social, las protestas, los cacerolazos, la solidaridad y las muestras espontáneas de júbilo y esperanza por un nuevo Chile que pareció surgir desde ese 18 de octubre, han tenido su contraparte negativa en la violencia ejercida por grupos anti-sistemas y otras personas que han realizado actos vandálicos.
Las respuestas de los agentes del Estado encargados de contener esos actos violentos, principalmente Carabineros de Chile, han sido, no obstante, también duramente criticadas. Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos se cuentan por miles.
Las cifras de la violencia
An anti-government protester stand in front of a burning barricade in Santiago. Source: AP
Según las cifras recogidas por diferentes organismos que velan por los derechos humanos y contrastados con cifras del gobierno, en el marco del estallido social, se estima que a marzo de 2020 en Chile murieron 34 personas en diferentes circunstancias ligadas a las movilizaciones.
Quince de estas víctimas habrían muerto en incendios o electrocutadas en lugares siniestrados, siete en enfrentamientos entre ciudadanos, seis por acción de las fuerzas del estado, cinco en medio de protestas y manifestaciones y un caso por disparo de bala sin origen conocido.
En los primeros cuatro meses desde el inicio de la movilización popular, se han contabilizado más de 3,700 heridos de diversa consideración. Un número impactante es el de aquellas personas que presentan heridas oculares producto de los balines metálicos disparados por Carabineros.
Dos casos de víctimas de la violencia policial se han vuelto emblemáticos y han aunado el repudio general contra Carabineros por los métodos utilizados para reprimir las manifestaciones y contener a los ciudadanos.
Uno es el caso de Gustavo Gatica, un joven que quedó ciego luego de recibir un disparo de perdigones a sus ojos supuestamente de parte de Carabineros mientras se manifestaba. El otro es el caso de Fabiola Campillai, una madre y trabajadora que recibió el impacto de una bomba lacrimógena lanzada a su rostro, supuestamente por un piquete de Carabineros, mientras ella esperaba el transporte público para dirigirse a su trabajo. Fabiola perdió la vista, el sentido del gusto y del olfato producto del incidente.
Ambos casos están siendo actualmente investigados por la justicia.
A un año del inicio del estallido social, el Instituto de Derechos Humanos de Chile entregó un resumen sobre los actos que involucran violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco de la crisis social. Estos datos consideran el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020.
(The New York Times) Source: The New York Times
En las 2,520 querellas presentadas por el organismo, el delito que más se menciona son los apremios ilegítimos, con 1,730 denuncias. Seguido está el delito de tortura, con 450 denuncias, y el de violencia innecesaria, con 101. También hay querellas por homicidio (5), violencia innecesaria con resultado de muerte (1) y apremios ilegítimos con homicidio (1). Carabineros es considerado responsable en 2,340 de estas querellas.
El 01 de octubre de 2020, el Ministerio del Interior chileno informó ante la Comisión sobre la protección de los derechos humanos del Senado que 4,817 carabineros resultaron lesionados entre octubre de 2019 y marzo de 2020, 544 cuarteles policiales fueron atacados y hubo 1,198 vehículos de Carabineros dañados o destruidos. De los funcionarios heridos, 82 fueron por quemaduras, 126 por armas de fuego y 33 por traumas oculares.
La crisis sanitaria y la crisis social
El 03 de marzo de 2020 se conoció el primer caso de COVID-19 en Chile. Para el 18 de marzo se había decretado un “estado de catástrofe” en el país por consecuencia del coronavirus. La pandemia logró lo que ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni los otros líderes habían conseguido: que amainaran las manifestaciones y la violencia en el país.
A pesar de haberse jactado el gobierno de Piñera, a través de su ex ministro de salud Jaime Mañalich, de una buena preparación para afrontar la pandemia, con el correr de los meses, Chile se convirtió en uno de los países con más infectados y con muertos per cápita por COVID en el mundo.
A la crisis social y económica, se sumaba también la crisis sanitaria.
Las consecuencias del estallido social y la pandemia han hecho tambalear gravemente al que fuera considerado por algunos analistas y seguidores de las políticas neoliberales, como el país estrella de Latinoamérica en lo económico.
Chile: Del estallido social a la crisis del coronavirus, un camino doloroso que deja miles de muertos Esteban Felix, AAP Source: AAP
Hoy Chile se encuentra en una etapa de transición entre duras cuarentenas para algunas localidades y el relajamiento para otras, dependiendo del número de infectados.
Según cifras de la Universidad John Hopkins, el país andino cerca de medio millón de contagiados y lamenta 13,719 muertes por coronavirus, al momento de esta publicación.
El periodista chileno Jorge English dice que el país sudamericano está comenzado a acostumbrarse a la “nueva normalidad” mientras ve disminuir los contagios. Sin embargo, las movilizaciones por el aniversario del estallido social y el próximo plebiscito por la Constitución hacen temer una posible recaída en el número de infectados.
English dice que el país está viviendo un momento de incertidumbre, entre la pandemia y los acontecimientos políticos derivados del estallido social.
“Se generó un ambiente de que es el aniversario del estallido social y hay que volver a las calles para demostrar que las cosas no han cambiado. Y eso se ha notado, porque casi todos los días está juntándose gente en plaza Italia. De nuevo se están produciendo desórdenes, problemas graves con Carabineros, que es una institución que no sabe cómo reaccionar adecuadamente a estas situaciones. Es bien incierto lo que está pasando en Chile”, dice el periodista.
La pandemia y la crisis sanitaria obligaron a retrasar el plebiscito por la Constitución que había sido organizado para abril, pero que no obstante se reprogramó para este 25 de octubre.
Un plebiscito por la Constitución
El Plebiscito Nacional de Chile es un referéndum en el cual se determinará a través de votación popular si los ciudadanos chilenos están de acuerdo con iniciar un proceso constituyente con el objetivo de generar una nueva Constitución. También se determinará el mecanismo más adecuado para llevar adelante dicho proceso.
El plebiscito fue uno de los compromisos que se estableció entre los partidos políticos en un pacto transversal llamado “Por la paz y la nueva Constitución”, con la intención de calmar el fervor popular que exigía una transformación en el país.
Este será el primer plebiscito nacional desde 1989, en el cual se aprobaron reformas de la Constitución política promulgada en 1980 durante el gobierno dictatorial de Pinochet.
El plebiscito contará con dos papeletas, cada una con una pregunta y dos alternativas para elegir.
A man with a mask holds a Chilean constitution as demonstrators participate during a march at the Plaza Italia in Santiago, Chile, 18 October 2020. Source: AAP
En la primera pregunta se les consulta a los ciudadanos si desean una nueva Constitución. Las alternativas son “Apruebo”, por una nueva Constitución, y “Rechazo”, para que permanezca en vigor la carta magna actual.
En la segunda pregunta se les consulta a los ciudadanos si, en caso de que gane la opción del “Apruebo” y se cree una nueva Constitución, qué tipo de órgano debiera ser el que la redacte.
Las alternativas son “Convención Mixta Constitucional”, en la que se conformaría una asamblea con un 50% de constituyentes elegidos directamente y 50% por miembros del actual Congreso. Mientras que la segunda alternativa es “Convención Constitucional”, en la que se conformaría una asamblea con el 100% de constituyentes elegidos democráticamente.
En el caso de que triunfe la opción del “Apruebo”, la elección de los convencionales constituyentes se realizaría el 11 de abril de 2021.
Los sondeos han mostrado hasta ahora una ventaja significativa de la opción “Apruebo” y “Convención Constitucional” en las preferencias de voto respectivamente.
El académico en comunicación política, Marcelo Santos, quien desarrolla un sondeo independiente sobre las intenciones de voto en el próximo plebiscito chileno, dice a SBS Spanish que, si bien en su medición se muestra una ventaja en la opción del “Apruebo”, esta predomina mayormente entre los jóvenes y los santiaguinos. Entre las personas mayores y de regiones, ambas opciones están más equiparadas.
El empresario Eduardo González votará por el “Rechazo” y cree que esta opción ganará contra todos los pronósticos. Sin embargo, considera que los actos violentistas han ejercido una presión indebida sobre los votantes de esa opción.
Tanto el filósofo Pablo Monje como el periodista Jorge English creen que vencerá el “Apruebo” y “Convención Constitucional” por amplia mayoría.
Sin embargo, Monje considera que la posterior redacción de una nueva Constitución no será una panacea que aliviará el malestar, ni acabará con el descontento de los chilenos, sino que profundizará aún más la crisis por el inmovilismo y la burocracia política que se muestra incapaz de satisfacer las demandas de los chilenos.
En este plebiscito podrán votar todos los ciudadanos chilenos y extranjeros que sean mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a penas aflictivas. Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, sin condenas de pena aflictiva, también están habilitados para votar.
En cuanto a los chilenos en el extranjero, pueden votar aquellos chilenos mayores de 18 años que sean parte del padrón electoral en el exterior.
Sin embargo, al no existir el voto postal ni electrónico en Chile, en la práctica, solo podrán votar aquellos chilenos que se desplacen a los centros de votación que en su mayoría estarán ubicados en los consulados y embajadas de las grandes ciudades.
Polémica por votación en Australia
En el caso de Australia, se habilitarán centros de votación en Sídney, Camberra, Perth y Melbourne. En la capital de Victoria se tomarán medidas especiales debido a las restricciones vigentes de la pandemia.
Esto ha suscitado polémica entre algunos chilenos residentes en el exterior, particularmente en Australia, por la dificultad que enfrentan quienes no viven cerca de los lugares de votación y que, sin embargo, desean ejercer su derecho a voto.
Carla Villavicencio cree que esto no es algo fortuito, sino que conviene a los planes del gobierno.
Están demostrando que no les importamos nada en absoluto. Que la opinión de la gente que está fuera de Chile no les importa.
La ingeniera chilena residente en Brisbane, cuidad donde no hay centros de votación, aprovecha para hacer un llamado a la embajada chilena para que se habiliten este tipo de centros, al menos, en cada uno de los estados de Australia.
Marcela Cornejo, quien también reside en Brisbane, dice que para ella “es frustrante que las personas que tienen ganas de ejercer su derecho cívico de votar no lo puedan hacer en el extranjero, cuando tienen que volver después a Chile, como los estudiantes, por ejemplo”.
Ella dice que le consta que se han hecho muchas peticiones, a través de cartas y llamados a la embajada chilena de Camberra, para que se instalen más centros de votación, tanto en Brisbane como también en otros estados australianos. Sin embargo, “no hubo ninguna respuesta ni mayor interés”, declara Cornejo decepcionada.
SBS Spanish ha pedido comentarios a distintas instancias diplomáticas chilenas en Australia, pero han declinado dar una entrevista.
A días del Plebiscito y en medio de las conmemoraciones por aniversario del estallido social, se espera que las manifestaciones en todo Chile continúen, así como también los incidentes violentos y los enfrentamientos entre grupos aislados y los agentes del orden.
Para el día de la votación, la Policía de Carabineros anunció un amplio dispositivo de seguridad con 40,000 agentes desplegados en todo el país.
A un año del estallido social, los chilenos volverán a las urnas.
Esta vez votarán por la creación de una nueva Constitución que considere los anhelos y necesidades expresados en las movilizaciones, o bien, que confirme el rumbo del país sustentado por la carta magna redactada hace 40 años durante la dictadura de Pinochet.
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