En Colombia, el general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 civiles presentados como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del ejército de su país según lo anunció la fiscalía.
Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran menores de edad.
Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.
Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un "body count" o conteo premiado de cuerpos, conocido como el caso de los 'falsos positivos'.
La imputación de la fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó el fiscal general de Colombia Francisco Barbosa.
Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios.
Pero el general Montoya niega haber instigado estos crímenes.
Entrevistado: Sebastian Escobar, abogado de los familiares de las víctimas de los falsos positivos.
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