Ante un tribunal de paz y las víctimas en la ciudad de Ocaña, fronteriza con Venezuela, el oficial en retiro Paulino Coronado aceptó "no haber actuado diligentemente" en la vigilancia de los soldados que arrastraron a la muerte a campesinos o desempleados a punta de engaños.
Coronado, de 65 años y retirado desde 2008, es el oficial de más alto rango del grupo de diez uniformados que desde el martes cuentan la verdad y piden perdón por las ejecuciones de civiles en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según las conclusiones de la JEP, el tribunal nacido del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla FARC, los soldados del Batallón de Infantería XV asesinaron a decenas de civiles para presentarlos como rebeldes abatidos en enfrentamientos, en un escándalo conocido como "falsos positivos".
Coronado negó frente a los magistrados de la JEP haber ordenado los asesinatos. Asumí "como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales cuando en realidad no lo fueron", sostuvo el general antes declararse arrepentido.
El descuido no lo exime de la responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP le imputó en 2021, admitió el general.
La mayoría de las víctimas fueron ejecutadas con tiros de gracia. Como premio por las supuestas bajas, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, según la JEP.
Según cálculos del tribunal, que contempla penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, al menos 6.402 civiles fueron asesinados bajo esa práctica en Colombia.
Entrevistado: Sergio Escobar Uribe del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, uno de los abogados de las víctimas de los falsos positivos.
