El equipo judicial independiente que investigó el programa de cuarentena de viajeros internacionales en los hoteles de Melbourne no ha podido identificar a un solo responsable de la fatal decisión de utilizar guardias de seguridad privados, según el informe final presentado el lunes ante el Parlamento del estado de Victoria.
La investigación, liderada por la jueza retirada Jennifer Coate, apunta una serie de errores en este programa, aunque esclarece que ninguno de ellos se cometió de mala fe.
El premier de Victoria, Daniel Andrews, se disculpó el lunes por los "muy claros errores" cometidos en el programa y agregó que su gobierno "tiene la intención" de aceptar todas las recomendaciones aportadas por el informe final.
Puntos destacados:
- En el informe final no se pudo identificar a un solo responsable de la fatal decisión de utilizar guardias de seguridad privados, por lo que ningún funcionario será responsabilizado por los errores que provocaron una de las mayores crisis sanitarias de Australia.
- El informe apuntó que el programa quedó “huérfano” y que el papel de los guardias de seguridad, que son principalmente trabajadores eventuales, estuvo mal definido.
- El premier de Victoria, Daniel Andrews, pidió disculpas por los errores apuntados por el informe y adelantó que intenta aceptar todas las recomendaciones, aunque se tomará todo el verano para analizarlas.
- El informe apuntó que el programa quedó “huérfano” y que el papel de los guardias de seguridad, que son principalmente trabajadores eventuales, estuvo mal definido.
Coate remarcó que el papel que desempeñaban los guardias de seguridad en el programa estaba "mal definido desde el principio y que, en última instancia, era un papel que no se ajustaba, sin una estrecha vigilancia y una amplia y continua formación (de los guardias)".
"No se tuvo en cuenta la idoneidad o las implicaciones de utilizar una fuerza de trabajo, que en gran parte está conformado por trabajadores eventuales, en un entorno en el que el personal tenía una alta probabilidad de estar expuesto al altamente infeccioso COVID-19", dijo Coate en el informe.
Si bien este informe describe los monumentales errores cometidos por el gobierno de Victoria y sus funcionarios, “es probable que sean políticamente irrelevantes”, recalcó en un artículo publicado en la revista The Conversation Mirko Bagaric, profesor de derecho de la Universidad de Tecnología de Swinburne, con sede en Melbourne.
“La ingeniosa estrategia del premier Daniel Andrews de aplazar el análisis de estos errores hasta que el virus haya sido suprimido hace que los hallazgos sean en gran medida académicos e históricos”, acotó el experto en leyes.
Ni un solo responsable
La segunda oleada de coronavirus del estado, que provocó más de 18.000 nuevas infecciones y 800 muertes, se remonta a los guardias de seguridad que trabajaban en los hoteles Rydges de Swanston y Stamford Plaza en mayo y junio.
Estos dos hoteles se han vinculado como el origen del 99 por ciento de las infecciones que se produjeron en la segunda ola de COVID-19, que retrasó todos los planes de reactivación económica de Australia.
En el informe final de la investigación, Coate concluye que la decisión de contratar guardias de seguridad privados "no fue tomada por un 'individuo'" sino que hubo una serie de personas "con influencia" que contribuyeron a que "se llegara a un entendimiento de que se utilizaría la seguridad privada".
El hecho de que se asumiera que se contrataría a guardias de seguridad dio paso a que se adoptara la decisión durante una reunión del centro de control estatal en la tarde del 27 de marzo, un día antes de que comenzara el programa de cuarentena.
Esa reunión fue presidida por el comisionado de Gestión de Emergencias de Victoria, Andrew Crisp, así como altos mandos de la Policía de Victoria y funcionarios públicos.
Antes de la reunión, Coate dijo que se consultó al entonces comisario jefe de la Policía de Victoria, Graham Ashton, y "expresó su preferencia por que la seguridad privada desempeñe esa función y la Policía de Victoria proporcione el 'respaldo'", lo que motivó que el equipo de mando la implementara.
"Al no haber ninguna discusión o disensión en particular, esto motivó a que el DJPR (el Departamento de Empleos, Precintos y Regiones) pusiera esa noche en marcha las acciones para comenzar a contratar a tres empresas de seguridad", de acuerdo al informe.
Las fuerzas armadas
Coate explicó que en la reunión no se consideró la posibilidad de utilizar personal de las fuerzas de defensa australianas para reforzar el resguardo de los hoteles.
El informe final concluyó que lo más probable es que el personal de las Fuerzas Australianas de la Defensa (ADF, siglas en inglés) estuvo disponible para ayudar en los hoteles de cuarentena a partir del 8 de abril, aunque no se pudo precisar si esta presencia habría eliminado la necesidad de contar con guardias de seguridad privados.
"Parece muy probable, teniendo en cuenta los modelos adoptados en Nueva Gales del Sur y Queensland, que, si el ADF hubiera estado disponible, sólo habría estado disponible en número para complementar, en lugar de sustituir, al personal de seguridad existente", escribió.
Victorian Premier Daniel Andrews. Source: AAP
Sin responsabilidad política
Coate dijo que la decisión de utilizar guardias no se había tomado a nivel ministerial, con lo que se deslinda de responsabilidad al premier Daniel Andrews, a la ex ministra de Salud Jenny Mikakos y a los ministros Lisa Neville y Martin Pakula.
"La aplicación de la cuarentena era un elemento crucial del programa en el que se había comprometido el premier de Victoria, pero ni él ni sus ministros tenían un papel activo en la decisión de cómo se implementaría o supervisaría", dice el informe.
El informe también encontró que el Departamento de Salud y Servicios Humanos no aceptó su papel como el principal organismo responsable de la ejecución del programa.
Esto dejó gestado el desastre que trágicamente se produjo.
Mikakos y dos altos funcionarios públicos ya han renunciado por el escándalo de la cuarentena hotelera, que se reinició a principios de diciembre en Melbourne, con modificaciones sustanciales, después de que el estado de Victoria eliminara la COVID-19.
"Si pudiera retroceder el reloj y recibir informes diarios sobre lo que ocurre en la cuarentena de los hoteles como lo hago ahora, entonces, por supuesto, lo haría", dijo el premier Andrews al comentar el informe.
Mirko Bagaric, profesor de derecho de la Universidad de Tecnología de Swinburne, remarcó en su artículo publicado en The Conversation que “quizás lo más significativo es que el informe dice que las decisiones relacionadas con el programa ... fueron tomadas por personas sin una clara comprensión del papel de la seguridad en el programa de cuarentena de hoteles y [que] no tenían experiencia en cuestiones de seguridad o en la prevención y control de infecciones”.
“Las instituciones competentes se ocupan de problemas complejos siguiendo varios principios clave. Dentro de los gobiernos, el alcance de la responsabilidad de cada persona está cuidadosamente definido y debe prestarse una atención meticulosa a los detalles cuando se trata de aplicar decisiones cruciales como ésta”, agregó.
El primer programa de cuarentena de hoteles, entre el 29 de marzo al 30 de junio, recibió a 21.821 viajeros que retornaron del exterior, de los cuales 236 estaban infectados.
El gobierno de Victoria ordenó a principios de julio el confinamiento estricto de sus 5 millones de habitantes, que fue endureciendo progresivamente, cuando por entonces sumaba 2.800 infecciones de la covid-19 de las 8.500 que registraba entonces Australia, y 22 de los 106 fallecidos.
Sin embargo, el virus se propagó por toda la ciudad y actualmente Victoria -que puso fin al confinamiento en noviembre y lleva más de 50 días sin detectar casos por transmisión local- acumula unos 20.360 contagios del total de 28.170 en todo el país, y 820 fallecidos del total de 908 víctimas mortales en el país.
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