El ministro de educación de Victoria, James Merlino, ha justificado la prohibición de los teléfonos celulares en las escuelas públicas primarias y secundarias del estado, argumentando que es una resolución válida "en respuesta directa al aumento del 'cyberbullying o ciberacoso en las escuelas', un tipo de acoso que utiliza medios informáticos para hostigar a una persona.
El ministro agregó que la prohibición también se debe al alto grado de distracción que generan los celulares durante horarios escolares y para apoyar a las escuelas a mantener la disciplina.
Victoria será el primer estado australiano en implementar la prohibición en todas las escuelas públicas primarias y secundarias.
El ministro de Educación del estado, James Merlino, dijo que el Gobierno ha tomado la decisión detenidamente.
"Es algo que estuve analizando durante mucho tiempo y sé que no será universalmente popular, pero en mi opinión es lo correcto", señaló Merlino.
La prohibición de los celulares en colegios es una medida que varias escuelas del país ya habían implementado de manera independiente, pero es la primera vez que las autoridades se involucran para formalizar la política.
Jorge Leiva trabaja como docente en una escuela pública de Victoria que implementó la prohibición de celulares dos años atrás.
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"Los estudiantes no estaban muy felices (con la política) porque estaban apegados a sus teléfonos y a la tecnología. Pero los padres de familia estaban de acuerdo. Algunos padres estaban preocupados por la falta de contacto con sus hijos en caso de una emergencia", señaló Leiva.
Pero existen algunas excepciones a la prohibición del Gobierno, por ejemplo, cuando los estudiantes necesitan sus teléfonos para monitorear asuntos de salud o cuando los maestros requieren que los estudiantes traigan sus teléfonos para completar alguna actividad escolar.
En el caso de una emergencia, Merlino explica que los padres o tutores podrán comunicarse con sus hijos llamando a la escuela.
"Por supuesto que habrá excepciones. Si hay una instrucción directa de un maestro de que los teléfonos son necesarios para una actividad particular en el salón de clases, entonces se pueden traer teléfonos. Pero en cualquier otro momento, los teléfonos estarán en sus casilleros", dijo.
El objetivo de la política es minimizar las distracciones en el aula generadas por la interacción de los estudiantes en las redes sociales y por conversaciones mediante mensajes de texto.
El renombrado psicólogo pediátrico, Michael Carr-Gregg, opina que los estudiantes serán los primeros en beneficiarse.
"El impacto de la intimidación y el ciberacoso a corto, mediano y largo plazo es profundo. La ansiedad, depresión, el auto-daño deliberado... este es un paso importante, creo, para tratar de remediar algunos de esos problemas. No es una medida anti-tecnología, es pro-salud", dijo Carr-Gregg.
Pero no todos están de acuerdo.
El profesor de educación digital Neil Selwyn ha dicho que la prohibición de los teléfonos elimina la oportunidad de educar a los niños sobre el uso apropiado de los celulares.
"Si estamos tratando de apoyar a los jóvenes para que hagan buen uso de estos teléfonos, la escuela es un buen lugar para lograrlo. La escuela es un gran lugar para apoyar a los niños en el desarrollo de la seguridad cibernética. Así que prohibirlos en las escuelas es un desperdicio", señaló Selwyn.
La rama de Victoria del sindicato australiano de la educación ha recibido el anuncio de la prohibición con cautela, instando al Gobierno a que proporcione a las escuelas todo el apoyo necesario durante la fase de implementación, pues estima que llevará tiempo y esfuerzo aplicar la ley.
Pero el profesor Jorge Leiva opina que los estudiantes se adaptan rápido a los cambios.
"Los estudiantes ya están acostumbrados. Ponen los teléfonos en sus casilleros y no hay problema. Después, al final del día, lo sacan y ya. No pasa nada", explicó.
Según Leiva, la distracción entre los estudiantes de su colegio desapareció y la atención a la educación subió poco después de aplicar la prohibición.
El Gobierno de Victoria anunció que evaluará la efectividad de la política tras 12 meses de implementación.
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