La máxima instancia judicial del país decidió "conminar al Congreso [...] a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados", según indicó en un comunicado, tras acoger el recurso presentado en octubre por un grupo de abogados y ciudadanos para despejar de obstáculos judiciales el ascenso de Arévalo al poder.
La resolución, dictada a un mes del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Karin Herrera, de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año.
Y es que la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que la considera "corrupta" y "antidemocrática", lanzó una arremetida contra Arévalo después de que el socialdemócrata dio la sorpresa en junio al colarse al balotaje, que ganó con amplio margen en agosto.
A petición de la Fiscalía, el juez Fredy Orellana ordenó suspender al partido Semilla de Arévalo por presuntas ilegalidades en su conformación hace cinco años, y luego los fiscales pidieron a la justicia quitarle la inmunidad al presidente electo para investigarlo por supuesto lavado de dinero y por daños en la ocupación de una universidad estatal en 2022.
El viernes la Fiscalía había presentado una investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que éstas eran "nulas".
Paralelamente, el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche pidió este jueves a la Corte Suprema levantar la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, para investigarla por las presuntas ilegalidades en los comicios.
Sobre esta situación conversamos con el ex director de inteligencia y actual escritor, analista y académico en Guatemala, Mario Mérida.
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